El instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España (INGITE) ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea, que ha sido admitida a trámite, el pasado 16 de junio, por un posible incumplimiento del Derecho Comunitario.La Comisión Europea examinará dicha denuncia e informará de los resultados y de las medidas adoptadas si se considera que se están vulnerando materias relacionadas con el empleo, asuntos sociales e igualdad de oportunidades.
En dicha denuncia, el INGITE hace referencia, una vez más, al artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público (TREBEP) en donde se establece lo siguiente: «Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos: Grupo A: Dividido en dos Subgrupos, A1 y A2. Para el acceso a los Cuerpos o Escalas de este Grupo (Grupo A), se exigirá estar en posesión del título universitario de Grado. La clasificación de los Cuerpos y Escalas en cada Subgrupo estará en función del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de acceso […]».
Es decir, de todo ello se desprende que la titulación exigida para el acceso al Grupo A es la de Grado, pero sin embargo esto no ocurre con las ingenierías, dado que en la Administración Pública existen cuerpos de ingenieros, para los que se exigen estar en posesión de determinadas titulaciones reguladas de Ingeniería, específicamente el máster, por lo que los graduados en Ingeniería no pueden optar al mismo nivel de la función pública española, de tal forma que quedan discriminados respecto al resto de titulaciones de grado.
En palabras del presidente del INGITE y de COGITI, José Antonio Galdón Ruiz, “se está generando en España una discriminación con los graduados en ingeniería, dado que con otros titulados de Grado sí que se tiene acceso al Grupo A1 de la función pública española, violándose así el art. 21 de la Carta de los derechos fundamentales de la UE, que prohíbe toda discriminación entre trabajadores”. Y, también, añade, “se obstaculiza que cualquier ciudadano europeo debidamente cualificado (graduado en Ingeniería) pueda acceder a estas plazas, lo que da lugar a una violación de los principios de libre circulación”.
En su opinión, esta situación es un ejemplo claro de la falta de competitividad, y es preciso hacerse varias preguntas que invitan a una reflexión: si en otros países esos títulos grado se realizan en 4 años, ¿por qué en España tenemos que necesitar 5 o 6 ?, ¿es que somos menos capaces o quizás las universidades no son capaces de trasladar esos conocimientos en un tiempo competitivo con respecto al resto de países?, ¿qué supone para la economía y el conjunto de la sociedad esa pérdida de oportunidad de los titulados a los que se les obliga a estudiar 2 años más (por la realización del máster integrado), y esa pérdida de oportunidad para acceder a un puesto de trabajo, además del coste económico que supone formar a esos profesionales?
«La Administración debería ser ejemplar en la aplicación de todas esas medidas y los principios que definen la Función Pública, como son el mérito, la igualdad, y algo muy olvidado, como es la propia competitividad. La sociedad va por un lado, y la Función Pública va por otro. Se nos pone un techo de cristal insalvable y se nos discrimina por el hecho de no tener una cierta titulación (máster), cuando nuestras funciones en el ámbito empresarial están al máximo nivel; esto se llama injusticia y sectarismo. Se nos está impidiendo que podamos desarrollar nuestra actividad profesionalmente», explica Galdón. Y añade: «No existen dos ingenierías diferentes. La ingeniería es única. Todo esto es una involución, y se sigue retrasando todavía más esa modernidad que venimos solicitando a las administraciones. En conclusión, se está vulnerando el derecho al trabajo con la formación (el grado) que ya tenemos».
El INGITE también argumenta en su denuncia que la normativa española trata de manera diferenciada a los ciudadanos de otros Estados miembros en relación a la clasificación profesional y el acceso a la función pública española. La legislación española viola el Reglamento (CE)492/2011, ya que un ciudadano italiano o francés con un título de Ingeniería Grado no podría presentarse a oposiciones en España que den acceso a puestos de Ingenieros del Estado en administraciones autonómicas y locales. La exigencia de tener un título de Máster en Ingeniería para acceder a puestos de la Administración en la categoría correspondiente, sin justificación adecuada, crea dificultades para aquellos que poseen títulos extranjeros, ya que la convalidación, homologación o equivalencia de los títulos extranjeros es complicada debido a la falta de programas de Máster similares en otros países.
En resumen, un ciudadano de la UE con un título de Grado en Ingeniería obtenido en Italia o Francia, que les permite acceder a niveles altos de la función pública en sus países de origen, no podría acceder a concursos de oposiciones en España debido a la falta de reconocimiento de su título como Máster. Sin embargo, un ingeniero español con un título de Grado sí podría acceder a niveles altos de la función pública en Italia o Francia. Al aceptar a trámite la Comisión Europea la denuncia presentada por el INGITE, implica que como guardián de los tratados, está analizando si España está incumpliendo el Derecho comunitario. Tras el examen de los hechos y a la luz de las normas europeas la Comisión podría iniciar un procedimiento de infracción contra España. Esta denuncia también se ha complementado con una petición ante el Parlamento Europeo, que ha sido aceptada a trámite por la secretaria de peticiones al entender que entra dentro del ámbito de sus compendias. El Parlamento Europeo también está analizando la petición.
Por último, añadir, que el INGITE forma parte de la Plataforma “Grupo A”, presentada recientemente ante los medios de comunicación, para que en España sólo exista un grupo A en la Administración Pública, sin subgrupos. En dicha plataforma están integrados colegios profesionales de los ámbitos de la Sanidad, Educación, Trabajo Social, Ingeniería y Arquitectura y sindicatos, que se han unido para acabar con la injusticia laboral que afecta a más de dos millones de trabajadores en España.
Pinche aquí para ver el video de la rueda de prensa, celebrada el 28 de junio en la sede de COGITIM.
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